Enz advierte sobre un “patrón de impunidad”: 5 vocales del STJ denunciados en 9 años y ninguno destituido
Entre 2016 y 2025, cinco vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos enfrentaron denuncias de juicio político. Cinco procesos distintos, con acusaciones que van desde el uso indebido de viáticos hasta violencia de género. El resultado: ninguna destitución. Dos renuncias estratégicas, dos rechazos legislativos y un proceso en curso que amenaza con seguir el mismo libreto.
La historia se repite con una precisión casi burocrática. Los nombres cambian —Carlos Chiara Díaz, Claudia Mizawak, Emilio Castrillon, Gisela Schumacher, Susana Medina de Rizzo— pero la coreografía es idéntica: denuncias contundentes, pruebas acumuladas, meses de trámites y un desenlace que siempre favorece al acusado, salvo que tiren la toalla antes de la campana del round final.
Chiara Díaz y la operación Urribarri
El primer caso marcó el camino. El 14 de noviembre de 2016, el abogado Carlos Guillermo Reggiardo presentó contra el vocal de la Sala Penal, Carlos Alberto Chiara Díaz, una denuncia de 60 páginas que documentaba un patrón sistemático de mal desempeño. Desde 2010 se dictaron 237 resoluciones de viáticos por viajes de Chiara Díaz. En 141 ocasiones utilizó pasajes aéreos pagados por el Poder Judicial. Los viajes sumaban más de 300 jornadas fuera de la provincia. La denuncia señalaba que “cobra su remuneración como juez del STJ por días no trabajados para el Poder Judicial; percibe viáticos por misiones oficiales que no son tales, viaja gratis en avión a Buenos Aires, tiene otras remuneraciones y cobra otros viáticos relacionados a otros trabajos”. Chiara Díaz ejercía como docente en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires mientras cobraba su sueldo completo como vocal del STJ. La Comisión Investigadora consideró “fundamental” el informe de la Universidad de Belgrano que acreditaba “el patrón de conducta del magistrado”, al que se le reprochaban “sus continuas ausencias al máximo tribunal para dedicarse a la docencia, por lo que percibía un salario, mientras percibía viáticos de la Justicia entrerriana”.
En un caso emblemático, siendo presidente del STJ de Feria, se autoadjudicó viáticos para el 24 de enero de 2014, invocando que tendría que ausentarse “a una reunión fijada en forma imprevista”. La investigación demostró que la reunión nunca existió. Tampoco firmó sentencias estando presente en Acuerdos del Tribunal, lo que constituía un incumplimiento directo de sus obligaciones.
El contexto político era transparente: Chiara Díaz integraba, junto a Claudia Mizawak y Daniel Carubia, la Sala Penal del STJ que debía resolver las apelaciones en las causas por corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri. Chiara Díaz había sido crítico mediático de Urribarri y había avalado fallos en su contra. La denuncia fue impulsada, según análisis periodísticos de la época, “tras un acuerdo político de sectores legislativos del peronismo entrerriano, que impulsaron en las sombras tal instancia, como revancha por embestir mediáticamente Chiara Díaz contra el exgobernador Sergio Urribarri”.
El 20 de diciembre de 2016, la Comisión de Investigación emitió dictamen favorable a la acusación, con el voto unánime de diputados del PJ y Cambiemos. El dictamen, de más de 60 páginas, concluyó que se habían respetado “las garantías fundamentales fijadas por la Constitución provincial” y que existían pruebas suficientes de mal desempeño. El 7 de febrero de 2017, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad —28 votos— someter a Chiara Díaz a juicio político. Se designó una Comisión de Acusación integrada por Diego Lara y Juan José Bahillo (FpV), Alejandra Viola y Jorge Monge (Cambiemos) y Ricardo Troncoso (UCR). La unanimidad política era excepcional: tanto el oficialismo como la oposición coincidían en que Chiara Díaz debía ser removido. Pero la motivación no era la transparencia institucional sino la conveniencia judicial: modificar la composición de la Sala Penal antes de que llegaran las causas Urribarri.
Chiara Díaz presentó certificados médicos alegando problemas de salud que lo mantenían internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El proceso quedó suspendido. Finalmente, el 15 de febrero de 2017 —apenas ocho días después de la acusación formal— presentó su renuncia como vocal del STJ. El gobernador Gustavo Bordet la aceptó de inmediato mediante el decreto 75. Esa misma mañana, el Senado provincial se reunió constituido en Corte de Justicia para continuar el jury. El diputado acusador Diego Lara expresó que “el procedimiento deviene en abstracto” ya que “no se puede objetar la responsabilidad política de alguien que ya no reviste la condición de magistrado”. El senador opositor Raymundo Kisser señaló que “las circunstancias aventaron todas las dudas que se habían planteado en relación a la conducta” del magistrado.
Sesenta días después de la acusación formal, Chiara Díaz estaba a salvo, jubilado y sin condena. El precedente quedó establecido: renunciar antes del veredicto es una salida viable.
Mizawak y el blindaje del PJ
El efecto dominó fue inmediato para la otra vocal denunciada luego. El 12 de diciembre de 2016, apenas un mes después de la denuncia contra Chiara Díaz y mientras éste aún enfrentaba el proceso, un grupo de abogados presentó juicio político contra la presidenta del STJ, Claudia Mónica Mizawak. Los denunciantes fueron Rubén Pagliotto, Guillermo Mulet, Emilio y Jaime Martínez Garbino, Luis Leissa, Luciano Rotman, María Eugenia Díaz, María Emma Bargagna, Matías Plugoboy y Alfredo Vitale.
El sustento de la denuncia surgió de las propias declaraciones de Chiara Díaz durante su audiencia de descargo ante la Comisión de Diputados. En su defensa, el vocal acusado había dicho: “No tuvimos más Acuerdos, el Tribunal no tuvo más Acuerdos”. Y sobre viajes, mencionó que Mizawak sería “La Reina de los viajes”.
Las acusaciones contra Mizawak incluían cinco causales específicas. La investigación determinó que desde enero de 2008 hasta diciembre de 2016, Mizawak se ausentó de la jurisdicción durante 332 días hábiles, que representaron 400,5 días de viáticos por una suma de $537.763,50. La denuncia señalaba “uso abusivo de viajes en comisión de servicios” que resentía su tarea como presidenta del tribunal.
El dictamen de minoría de Cambiemos afirmó que “esta Comisión de Investigación detectó que la Presidenta Claudia Mónica Mizawak suscribió resoluciones judiciales, providencias, y/o sentencias en juicios de amparos en general en días en los que, conforme a la información suministrada por los organismos públicos oficiados, no se hallaba presente en la ciudad de Paraná, sede de su público despacho”. Los ejemplos documentados eran contundentes: el 30 de septiembre de 2015 habría firmado cinco resoluciones judiciales a pesar de que se hallaba en España desde el 25 de septiembre y recién volvió al país el 12 de octubre. También firmó fallos estando en Buenos Aires, Neuquén, Concordia y Nogoyá, con viáticos del STJ.
El dictamen de Cambiemos señalaba: “Chesini c/ Iosper-Amparo”, de fecha 07/05/2015; “Soto c/ Municipalidad de Villaguay”, de fecha 08/05/2015; “De Souza c/ Iosper”, de fecha 07/05/2015, mientras que del 7 al 9 de mayo de 2015 la magistrada había percibido viáticos para viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre el 12 y 28 de mayo de 2015 firmó varios amparos estando en comisión de servicios fuera de Paraná. Como presidenta del STJ no controlaba el otorgamiento de viáticos a otros magistrados, incluyendo los de Chiara Díaz.
Chiara Díaz había mencionado en su descargo “un problema” con gastos reservados “durante la presidencia de la vocal Leonor Pañeda y de Mizawak”. La oposición investigó el tema, pero no pudo probarlo documentalmente.
Se mencionó además una empresa constituida junto a su esposo, Raúl Arroyo (que era el presidente de ENERSA). Mizawak aclaró: “además de formar una sociedad conyugal por ser mi marido, en el 2003 constituimos una sociedad anónima denominada AyM SA” inscripta en la Inspección General de Justicia, y agregó que “no configura incompatibilidad alguna conforme a la legislación vigente”.
También se le atribuyó responsabilidad por la venta irregular de armas del depósito de tribunales y por la “manipulación del trámite de la causa Arralde” (sobre la designación irregular de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas).
La Comisión de Juicio Político produjo dos dictámenes completamente contrapuestos:
-Dictamen de mayoría (PJ): firmado por Diego Lara, concluyó que “ninguno de los hechos denunciados posee asidero fáctico y probatorio” y que no hay “conductas irregulares o dudosas”. Sostuvo que Mizawak viajó menos que Chiara Díaz (211 días de ausencias en 2014-2016 vs. 282 de Chiara Díaz). No cobró viáticos de manera irregular. Que no hubo irregularidades en la causa Arralde. Que no existía partida de gastos reservados en el Poder Judicial. Que no le cabía responsabilidad por la venta de armas (delitos de “empleados infieles”). A su entender: “De las pruebas arrimadas se desprende la falsedad de gran parte de las declaraciones vertidas por Chiara Díaz”.
-Dictamen de minoría (Cambiemos), firmado por Esteban Vitor, Alejandra Viola, Jorge Monge y Gabriela Lena: Afirmó que del “entrecruzamiento de datos obtenidos” de Migraciones y el STJ se probó que “Mizawak se ha ausentado de la jurisdicción, percibiendo mayores viáticos a los necesarios, efectuando viajes incluso al exterior del país y ha estado en su despacho suscribiendo resoluciones, providencias y/o sentencias, todo eso en un mismo, único e idéntico día”. Agregaron: “Esta superposición de actos, hechos y actividades de imposible ocurrencia en un mismo día en diferentes lugares, habla a las claras de un patrón estructural de inconductas y estafas sistemáticas”. El dictamen opositor documentó 28 días de viajes no informados entre 2012 y 2015 con percepción de viáticos. Comparó las ausencias: en 2016, Mizawak registró 72 días de ausencia mientras Chiara Díaz tuvo 71 días. Pero la diferencia crucial no estaba en las pruebas sino en el poder político. El Partido Justicialista, que controlaba la mayoría en Diputados con el gobernador Gustavo Bordet, cerró filas. Diego Lara dedicó más de dos horas en sesión a leer el dictamen de mayoría defendiendo a Mizawak.
El 1° de febrero de 2017, en una sesión especial que arrancó pasadas las 19 horas, Diputados rechazó la acusación por 21 votos contra 12. Votaron a favor del rechazo (salvando a Mizawak): todo el bloque del PJ, los diputados del Frente Renovador Gustavo Zavallo y Daniel Koch, y el radical Ricardo Troncoso. Votaron en contra (queriendo acusarla): los diputados de Cambiemos y el renovador Alejandro Bahler. El poder político había hablado. Mizawak era funcional al gobierno de Bordet, a diferencia de Chiara Díaz. Las mayorías políticas podían más que las evidencias documentales. Mizawak permaneció en su cargo y continuó como presidenta del STJ.
Castrillon y la vendetta de Medina
El 22 de abril de 2021, el periodista Daniel Tirso Fiorotto presentó ante la Mesa de Entradas de Diputados un pedido de juicio político de 34 páginas contra el vocal de la Sala Civil y Comercial, Emilio Aroldo Eduardo Castrillon, por “mal desempeño” derivado de violencia de género y &
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