Quiénes pagan el costo del ajuste
En Entre Ríos lo sabemos bien. Sostener una casa, trabajar y cuidar a la familia se volvió demasiado difícil. La gran devaluación de diciembre de 2023 derrumbó los ingresos en casi un 20% en pocos meses, y nunca se recuperaron. Aún cuando la inflación bajó, hubo que recortar gastos, trabajar más y sigue sin alcanzar la plata. El Gobierno eligió el camino de la motosierra: ajuste y destrucción. Y aunque algunos intenten justificarlo, el costo se paga también en hospitales sin insumos, universidades que no pueden retener a sus docentes, rutas abandonadas.
Hay miles de víctimas invisibles de este ajuste: la mujer que perdió su empleo y ahora vende comidas caseras para llegar a fin de mes; el trabajador al que le cerraron la fábrica y ahora se rebusca haciendo arreglos en el barrio; la joven que dejó de estudiar para cuidar a sus hermanos; el jubilado que toma sus medicamentos día de por medio; la madre que pasa la noche entera en la guardia esperando que atiendan a su hijo; los chicos que dejaron de tomar leche y comer carne. Todas esas realidades existen aunque no aparezcan en los titulares. Es nuestra responsabilidad visibilizarlas y darles respuestas, frente a un gobierno que lleva la crueldad como lema y guía de acción.
Ayer vimos un hecho histórico: el Congreso defendió los derechos de las personas con discapacidad frente al veto presidencial. Durante meses, estas familias lucharon sin descanso: soportaron estigmas, cortes de pensión de un día para otro, viajes con sus sillas de ruedas para acreditar que necesitaban atención médica o un terapeuta. No se resignaron, salieron a la calle, contaron sus historias, exigieron justicia. Esa tarde quedó claro que cada voto en el Congreso cuenta y que la política, cuando se conecta con la gente, puede marcar la diferencia.
El Gobierno vetó también la recomposición de ingresos para jubilados y la moratoria previsional aprobada por el Congreso. Ese veto pesa sobre todo en las mujeres: nueve de cada diez no alcanzarán a cumplir con los aportes necesarios. Solo en Entre Ríos, más de 30.000 mujeres próximas a los 60 años quedarán sin jubilación. Tendrán que esperar hasta los 65 para acceder a la PUAM, que además es mucho menor que la jubilación mínima. Para los varones la situación no es mucho mejor: siete de cada diez tampoco podrán jubilarse. Se habla de defender el superávit fiscal mientras se condena a miles de entrerrianos y entrerrianas a una vejez en la pobreza.
Por eso es tan importante la lección que nos deja la lucha por la Ley de Emergencia en discapacidad. Esa lección se tiene que extender a todos los ámbitos: la universidad pública, motor de desarrollo y movilidad social; los jóvenes, que hoy enfrentan desempleo creciente, trabajos precarios que no alcanzan para pagar un alquiler, alimentar a sus familias ni soñar con un futuro, y changas que exigen jornadas eternas pero dejan la mesa vacía. No son estadísticas: son vidas golpeadas, días de esfuerzo que no alcanzan, sueños postergados, familias que se sostienen al límite. Lo que hoy defendemos no es solo presente: es la posibilidad de un futuro donde vivir dignamente deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho.
El Gobierno repite que “el mercado lo resuelve todo”. Pero lo que el Estado abandona no desaparece: recae sobre las familias, y sobre todo sobre las mujeres más pobres y los niños. Por eso cuidar no es solo una tarea privada: es una responsabilidad colectiva. Aprendí en la gestión que los problemas reales no se resuelven con slogans ni con atajos, sino escuchando, entendiendo y construyendo políticas en serio. Hoy la obligación más urgente es reconocer la magnitud del daño que está generando este ajuste y empezar a reconstruir, colectivamente, lo que se está destruyendo.
Cuidar a Entre Ríos significa defender a quienes están en la primera línea del impacto. Significa también recuperar la justicia social como uno de los valores centrales del peronismo: garantizar que cada entrerriano y entrerriana pueda vivir con dignidad, acceder a la salud, a la educación, a un ingreso que alcance y a un futuro posible.
Porque en estas elecciones no se trata solo de rechazar la motosierra. Se trata de elegir entre la destrucción y la construcción, entre la indiferencia y la empatía, entre la exclusión y el cuidado. Ahí es donde la política vuelve a tener sentido.
